La sostenibilidad del planeta y el cuidado del medioambiente están cada vez está más presentes en todos los ámbitos de la sociedad: reciclamos más, tratamos de reducir las emisiones de CO2 mediante energías limpias o renovables, minimizamos la utilización de plásticos, etc. Esta situación también se ha ido reflejando paulatinamente en el sector de la inversión, con compañías que intentan mejorar sus estándares de sostenibilidad y con el aumento de las emisiones de bonos verdes. Sin embargo, a raíz de la pandemia de la COVID-19, se ha incrementado la importancia de la sostenibilidad de la sociedad, es decir la “S” del trinomio ESG, con el consiguiente aumento de las emisiones de bonos sociales. ¿Pero en qué se diferencian los bonos verdes de los sociales? ¿No son ambos inversión socialmente responsable?

Efectivamente, ambos tipos de bonos pueden encuadrarse en lo que llamamos inversión socialmente responsable. Pero la principal diferencia radica en la utilización que se da al importe obtenido en la emisión, es decir, el tipo de proyectos que se financian con estos bonos.

Así, para que un bono sea considerado un bono verde, el importe captado tiene que emplearse para financiar o refinanciar proyectos sostenibles, de energías limpias, reducción de las emisiones de carbono, energías verdes, etc. Por su parte, para que un bono pueda ser considerado un bono social tiene que estar destinado a proyectos que generen un impacto social positivo, pero no tienen que estar relacionados con el medioambiente necesariamente. Un bono social podría, por ejemplo, financiar infraestructuras que permitan el acceso a bienes de primera necesidad, como el acceso al agua potable o proyectos que fomenten una sociedad más igualitaria.

¿Qué características deben cumplir estos bonos?

Para certificar la categoría de estos bonos, cada uno debe cumplir una serie de requisitos, además de la anteriormente mencionada finalidad de los proyectos financiados. En este sentido, la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA) ha elaborado dos guías de buenas prácticas denominadas Principios de los bonos verdes o Green Bond Principles (GBP) y Principios de los Bonos Sociales o Social Bond Principles (SBP), respectivamente, que detallan los cuatro componentes principales que los emisores de dichos bonos deben cumplir:

1. Uso de los fondos

Todos los Proyectos Verdes designados proporcionarán beneficios ambientales o sociales claros, que serán evaluados y, cuando sea factible, cuantificados por el emisor. Además, deben encontrarse dentro de unas determinadas categorías recogidas en los GBP y SBP, respectivamente.

2. Proceso de Evaluación y Selección de proyecto

El emisor debe comunicar a los inversores de forma clara:

  • Los objetivos de sostenibilidad ambiental o social, dependiendo de la naturaleza del bono.
  • El proceso mediante el cual el emisor determina cómo encajan los proyectos dentro de las categorías de Proyectos Verdes o Proyectos Sociales elegibles.
  • Los criterios de elegibilidad relacionados, incluyendo, si procede, los criterios de exclusión o cualquier otro proceso aplicado para identificar y gestionar riesgos ambientales o sociales potencialmente materiales asociados a los proyectos.

3. Gestión de los Fondos

Los fondos netos obtenidos deberían abonarse a una subcuenta, es decir, deben de estar separados del resto del capital del emisor. Además, se intenta fomentar un alto nivel de transparencia y se recomienda que la gestión de los fondos del emisor esté complementada por un auditor u otra tercera parte que verifique el método de seguimiento interno y la asignación de fondos obtenidos.

4. Informes

Los emisores deben tener y mantener la información actualizada y fácilmente accesible sobre el uso de los fondos obtenidos.

De esta forma, se intenta garantizar que los fondos se destinan al fin elegido antes de la emisión, de forma que los inversores puedan estar seguros de que su dinero tiene un impacto medioambiental o social positivo. Y no por ello renunciar a la rentabilidad.

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